Asaja pide retrasar hasta 2028 el registro electrónico y advierte de que muchas explotaciones aún no cuentan con medios suficientes para asumir la nueva obligación.
El sector agrario volvió a reclamar ayer más tiempo para adaptarse al registro electrónico de los tratamientos fitosanitarios, una exigencia derivada de la normativa europea que obligará a conservar en formato digital la información sobre los productos aplicados en las explotaciones.
Asaja ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que defienda un nuevo aplazamiento de esta obligación hasta el 1 de enero de 2028. La organización considera que el calendario actual no responde a la realidad de muchas fincas, especialmente de las pequeñas y medianas explotaciones, donde la falta de recursos técnicos, la limitada conectividad en zonas rurales y la edad media de los titulares dificultan una implantación inmediata.
La entidad agraria advierte de que una aplicación precipitada puede traducirse en más costes, más trámites y un mayor riesgo de sanciones para agricultores y ganaderos que, aun queriendo cumplir, no disponen todavía de las herramientas o la formación necesarias. Por ello, insiste en que la digitalización debe avanzar con plazos realistas y acompañamiento efectivo sobre el terreno.
Otro de los puntos que plantea la organización es que el registro electrónico no se confunda con el Cuaderno Digital de Explotación. Según defiende, la normativa comunitaria exige que la información sea electrónica y legible por máquina, pero no impone una plataforma única ni un sistema cerrado. En este sentido, reclama que se permita utilizar cualquier herramienta que cumpla los requisitos técnicos, incluidas soluciones sencillas como hojas de cálculo.
Asaja también pide mayor flexibilidad en los plazos de anotación de los tratamientos. Frente a la obligación de registrar los datos en un periodo breve tras la aplicación, propone que las explotaciones puedan completar la información hasta el 31 de enero del año siguiente, una opción que, a su juicio, aliviaría la carga administrativa sin renunciar al control ni a la trazabilidad.
La organización quiere que España impulse esta petición en el ámbito comunitario y busque apoyos entre otros Estados miembros, al entender que los problemas de adaptación no son exclusivos del campo español. El objetivo es trasladar a Bruselas una posición común que permita retrasar la entrada en vigor y evitar que la digitalización se convierta en una nueva fuente de presión para las explotaciones agrarias.
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