La organización agraria pide que la futura Ley de Agricultura Familiar dé prioridad al agricultor profesional, limite la concentración de tierras y agua y facilite el relevo generacional en el campo español.
La entrada creciente de capital inversor en el sector agrario vuelve a situarse en el centro del debate sobre el futuro del campo español. COAG ha advertido de que la compra de tierras, derechos de agua y activos productivos por parte de grandes fondos amenaza con desplazar a agricultores y ganaderos profesionales, justo en un momento en el que el relevo generacional y la viabilidad de las explotaciones familiares son dos de los grandes retos del sector.
La organización agraria reclama al Ministerio de Agricultura que la futura Ley de Agricultura Familiar no se limite a una declaración de intenciones y establezca medidas concretas para proteger a quienes viven directamente de la actividad agraria. A su juicio, el texto debe diferenciar con claridad entre el agricultor profesional que trabaja la tierra y los operadores financieros que ven el campo como un activo de inversión.
El temor de COAG es que, si no se actúa con rapidez, en los próximos años aumente la concentración de fincas en manos de sociedades ajenas al territorio, con capacidad económica para pagar precios muy superiores a los que puede asumir una explotación familiar. Esta dinámica, advierten, encarece el acceso a la tierra, dificulta la incorporación de jóvenes y puede alterar el modelo productivo en muchas comarcas.
La cuestión no afecta únicamente a la propiedad del suelo. La organización pone también el foco en los derechos de agua, un recurso cada vez más estratégico para la agricultura y la ganadería. En un contexto de sequías recurrentes, mayores restricciones y competencia creciente por el uso del agua, COAG considera imprescindible impedir que este recurso quede condicionado por intereses especulativos.
Desde el sector se insiste en que el agricultor y el ganadero profesional no pueden competir en igualdad de condiciones con fondos que operan con criterios financieros y con una visión de rentabilidad a corto o medio plazo. Para muchas explotaciones, especialmente pequeñas y medianas, el incremento del precio de la tierra o de los arrendamientos supone una barrera casi insalvable para crecer, modernizarse o simplemente continuar con la actividad.
COAG vincula este fenómeno con lo que denomina una transformación del campo hacia modelos cada vez más externalizados, donde la toma de decisiones se aleja de los pueblos y de las familias agricultoras. La organización sostiene que la agricultura familiar no solo produce alimentos, sino que mantiene población, empleo, paisaje, tejido cooperativo y actividad económica en zonas rurales que ya sufren despoblación.
La futura normativa debería incluir, según la organización, instrumentos para favorecer el acceso a la tierra de jóvenes, mujeres rurales y explotaciones prioritarias. También reclama que las ayudas públicas y los incentivos fiscales se orienten con más claridad hacia quienes tienen la actividad agraria como principal fuente de ingresos y están vinculados de forma real al territorio.
El debate llega, además, en plena discusión sobre el marco financiero europeo y el futuro de la PAC posterior a 2027. Para COAG, la política agraria no puede desligarse de la defensa del modelo profesional y familiar, ya que una distribución inadecuada de los apoyos públicos podría acelerar la concentración de la producción en menos manos.
La organización agraria también sitúa sobre la mesa otros asuntos que condicionan la rentabilidad de las explotaciones, como los acuerdos comerciales con terceros países, los costes de producción, la gestión del agua, la sanidad vegetal, la burocracia o la aplicación del cuaderno digital. Todos ellos, sostiene, influyen directamente en la capacidad de los agricultores y ganaderos para seguir produciendo en condiciones justas.
En el fondo de la reivindicación aparece una pregunta clave para el campo español: quién cultivará los alimentos en los próximos años. Para COAG, la respuesta debe pasar por agricultores y ganaderos profesionales, con explotaciones viables y arraigadas en el territorio, y no por estructuras de inversión desconectadas de la realidad diaria de los pueblos.
La organización pide al Gobierno que aproveche la tramitación de la Ley de Agricultura Familiar para fijar límites claros al acaparamiento de recursos productivos y para situar al agricultor activo en el centro de las políticas públicas. El objetivo, señalan desde el sector, no es frenar la modernización del campo, sino garantizar que esa modernización no expulse a quienes han sostenido históricamente la producción de alimentos.
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