El plan permitirá compensar con 20 céntimos por litro a explotaciones agrarias afectadas por el encarecimiento del combustible entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2026.
La Comisión Europea ha autorizado un régimen español de ayudas públicas dotado con 54 millones de euros para apoyar al sector agrario ante el aumento del precio del gasóleo agrícola. La medida busca dar respuesta a uno de los costes que más presión está ejerciendo sobre las explotaciones, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad energética vinculada a la crisis en Oriente Próximo.
El programa se aplicará a empresas dedicadas a la producción primaria agrícola y se articulará mediante subvenciones directas. La compensación prevista será de 0,20 euros por cada litro de gasóleo agrícola adquirido entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2026, con el objetivo de cubrir parcialmente el sobrecoste soportado por agricultores y empresas del campo.
Según el esquema aprobado, estas ayudas podrán compensar hasta el 70% de los costes adicionales derivados del encarecimiento del combustible. El régimen permanecerá operativo hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha límite fijada para la concesión de los apoyos dentro del marco excepcional habilitado por Bruselas.
Para muchas explotaciones, el gasóleo continúa siendo un gasto imprescindible en labores como la preparación del terreno, la siembra, los tratamientos, la recolección o el transporte interno. Por ello, el incremento del precio del combustible tiene un impacto directo sobre los márgenes de rentabilidad, ya tensionados por otros costes de producción como fertilizantes, energía, mano de obra y financiación.
Bruselas ha dado luz verde a la medida tras examinar su encaje en las normas comunitarias sobre ayudas estatales. La Comisión considera que el plan español tiene un presupuesto limitado, carácter temporal y una finalidad concreta: facilitar la continuidad de la actividad agraria en un momento de dificultad por la evolución de los precios energéticos.
La autorización se enmarca en el mecanismo temporal de apoyo aprobado por la Unión Europea para hacer frente a los efectos económicos de la crisis en Oriente Próximo. Este marco permite a los Estados miembros conceder ayudas a sectores especialmente expuestos al alza de los costes, entre ellos la agricultura, la pesca, el transporte y determinadas industrias intensivas en consumo energético.
El respaldo comunitario no supone el pago inmediato de las ayudas, sino la autorización para que España pueda poner en marcha el régimen conforme a las condiciones aprobadas. A partir de ahora, el desarrollo administrativo del programa será clave para que los beneficiarios puedan acceder a la compensación en los plazos previstos.
El campo español recibe esta medida en plena campaña de elevados costes operativos y con una fuerte dependencia del combustible en numerosas tareas agrícolas. La ayuda no elimina el problema estructural de la volatilidad energética, pero aporta un alivio económico directo para las explotaciones más afectadas por la subida del gasóleo durante el periodo reconocido.
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