La Junta advierte de que el posible fondo único europeo puede restar garantías al campo andaluz y reclama mantener los dos pilares de la PAC 2028-2034.
Andalucía quiere llegar a la negociación de la próxima Política Agraria Común con una posición española clara y firme. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado al Gobierno central que defienda en Bruselas los intereses del sector primario andaluz ante el diseño de la PAC 2028-2034, un debate que será decisivo para la renta de miles de agricultores y ganaderos.
El mensaje se produjo durante la inauguración de las IV Jornadas de Condicionalidad Reforzada, organizadas por el Fondo Español de Garantía Agraria. En ese foro, Fernández-Pacheco mostró la preocupación de la Junta por las propuestas que apuntan a integrar las políticas agrarias en un fondo único, con mayor capacidad de decisión por parte de cada Estado miembro.
Para el Gobierno andaluz, ese planteamiento puede debilitar el carácter común de la PAC y abrir diferencias entre territorios. La comunidad defiende que la política agraria europea mantenga una financiación específica, separada de otros instrumentos, y que conserve su estructura en dos pilares: ayudas directas a los productores y medidas de desarrollo rural.
La Junta insiste en que las regiones deben conservar margen para diseñar las actuaciones vinculadas al segundo pilar, por su conocimiento directo de las necesidades del territorio. En el caso andaluz, la diversidad de cultivos, modelos ganaderos y sistemas productivos hace, según el Ejecutivo autonómico, que la flexibilidad regional sea clave para que las ayudas respondan a la realidad del campo.
Fernández-Pacheco también rechazó cualquier reducción del presupuesto agrario. Andalucía, principal receptora de fondos de la PAC en España, considera que un recorte tendría un impacto directo en la rentabilidad de las explotaciones y en la actividad económica de muchos municipios rurales. El consejero recordó además que la comunidad calcula en más de 500 millones de euros la pérdida acumulada desde 2023 en el reparto de fondos realizado por el Gobierno de España.
La administración andaluza sostiene que la PAC no es solo una herramienta de apoyo a la renta, sino también un elemento de equilibrio territorial y de seguridad alimentaria. En un contexto de costes elevados, incertidumbre climática y tensiones geopolíticas, el sector agrario reclama estabilidad normativa y recursos suficientes para seguir produciendo con garantías.
Durante su intervención, el consejero puso en valor el esfuerzo realizado por agricultores y ganaderos para adaptarse a mayores exigencias ambientales. Andalucía cuenta hoy con una superficie ecológica certificada un 46% superior a la de hace diez años. Este modelo representa el 29% de la superficie agraria útil de la comunidad y casi la mitad de toda la superficie ecológica nacional.
La Junta defiende que la sostenibilidad debe ir acompañada de instrumentos realistas y aplicables en las explotaciones. Por ello, reclama que la futura PAC contemple mecanismos de adaptación ante sequías, crisis de mercado o situaciones excepcionales, evitando que las obligaciones ambientales se conviertan en una carga adicional sin respaldo económico suficiente.
El Ejecutivo andaluz considera que las negociaciones que se abren en Europa marcarán el futuro del campo durante la próxima década. Su posición pasa por una PAC con fondos suficientes, reglas adaptadas al territorio y una voz española coordinada que sitúe la viabilidad de agricultores y ganaderos en el centro del debate.
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