El campo almeriense ha encajado con desconcierto la nueva orden de reducción de módulos para la Renta 2025, que, según denuncian las organizaciones agrarias, vuelve a pasar de largo ante el corazón productivo de la provincia: los hortícolas almerienses cultivados bajo invernadero. COAG Almería reclama una corrección inmediata del texto al considerar que aplica criterios "incoherentes y arbitrarios" que dejan sin alivio fiscal a la inmensa mayoría de explotaciones de pimiento, tomate, pepino, calabacín o berenjena.
La organización argumenta que la orden no incorpora el impacto real de la última campaña, marcada por episodios de estrés térmico, calimas y vientos que alteraron la floración, redujeron el cuaje y forzaron paradas vegetativas, con mermas de calibre y pérdida de kilos por metro cuadrado. A ello se sumaron problemas sanitarios —virosis y plagas con elevada presión de trips y mosca blanca— que obligaron a ajustar manejo, reforzar resistencias varietales y escalar tratamientos, todo ello con incrementos de costes en energía, agua, fertilización y semillas.
Desde el punto de vista técnico, los técnicos de campo consultados sostienen que el desajuste fiscal es evidente: ciclos con picos de calor descompensaron el vigor y la continuidad de corte, el Brix en ciertas variedades quedó por debajo de lo exigido por los contratos, y el cuaje irregular elevó el porcentaje de destrío. "Cuando la planta sufre, el mercado lo nota", resumen, recordando caídas de rendimiento y más rechazos por defectos de forma o microfisuras.
COAG subraya que la orden debería apoyarse en datos objetivos y recientes: partes de siniestralidad, estadísticas de producción por municipio y cultivo, precios medios en origen y registros de retirada. Sin embargo, advierte de que el cuadro de índices de rendimiento neto apenas reconoce incidencias en zonas clave de Almería, mientras sí contempla rebajas para otros cultivos y territorios con una casuística menos acusada en la campaña analizada.
En términos económicos, el mantenimiento de módulos sin ajuste implica una mayor carga tributaria para miles de pequeñas y medianas explotaciones, en un curso en el que los costes fijos por hectárea han seguido tensos y la comercialización ha lidiado con ventanas de precios más cortas y mayor competencia. Los productores señalan que, sin corrección, el margen neto por kilogramo comercializable se estrecha y compromete inversiones básicas en biosolarización, mejora de riego o renovación de estructuras.
La organización agraria reclama una revisión urgente antes del cierre de la campaña de renta para que el ajuste alcance de forma efectiva a los hortícolas bajo plástico. Pide que se incorpore un análisis por cultivos y municipios que refleje el comportamiento real del último ciclo, con especial atención a los periodos de calor que afectaron al cuaje y a los focos de virosis que obligaron a resembrar o acortar ciclos. También solicita que se tenga en cuenta la menor vida útil de fruto en determinados lotes, que incrementó mermas en manipulado.
Mientras tanto, las asesorías recomiendan a los productores documentar incidencias de campaña —partes técnicos, fotos georreferenciadas, albaranes de retirada y tratamientos— por si finalmente se habilitan reducciones específicas. El sector insiste en que la fiscalidad debe acompañar a la realidad agronómica: cuando el cultivo penaliza calibre, Brix o continuidad de corte por causas ajenas al agricultor, el índice de rendimiento no puede permanecer inamovible sin poner en jaque la viabilidad de la explotación.
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