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PAC 2021-2027. Por qué el modelo de regiones y derechos es bueno para Andalucía, y para España

Se acelera el debate de las propuestas que conformarán el futuro Plan Estratégico Nacional, pese a que los análisis técnicos aún no han finalizado.

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Tras la aprobación del acuerdo inicial para el presupuesto del Marco Financiero Plurianual y la futura financiación de la Política Agraria Común (PAC 2021-2027), y al margen de las críticas de las organizaciones profesionales agrarias al recorte de los 40.000 millones de euros, comienza el debate de las propuestas para el futuro Plan Estratégico Nacional.

Un debate «acelerado» por el ministro de Agricultura Luis Planas, que salta varios escalones en el calendario de trabajo con las comunidades autónomas. Y es que cuando aún no han terminado los análisis técnicos (se está trabajando actualmente en la fase de priorización de las necesidades del sector y quedan todavía por definir las estrategias de intervención) el Ejecutivo pasa directamente a las actuaciones, adelantando la discusión sobre cuestiones como la definición de agricultor genuino, la ayuda básica a la renta, la limitación de los pagos («capping»), el pago redistributivo y los ecoesquemas.

Y además, «con postulados ya formulados desde el Ministerio, lo que no es una buena manera de iniciar un debate, y con propuestas que son especialmente preocupantes para el campo andaluz, sobre todo en lo concerniente al modelo de regiones y derechos», lamenta el coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla, Antonio Caro.

Frente común

En este sentido, Caro recuerda que en septiembre de 2018 se hizo una declaración institucional sobre la futura PAC firmada por todas las organizaciones agrarias y las cooperativas, que fue refrendada también por todos los grupos parlamentarios.

Un frente común para defender una PAC basada en el modelo de regiones y derechos, que supone muchos fondos para el campo andaluz. Andalucía «no puede permitir» que se cambien los conceptos y criterios de reparto de los fondos de la PAC y «el modelo de regiones y derechos para la renta a los pagos desacoplados, las ayudas a la ganadería y las medidas de mercado como pueden ser los fondos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas forman la columna vertebral de la PAC en Andalucía», subraya Caro.

Mantener este modelo es «la mayor preocupación del sector», sobretodo, tras las declaraciones del ministro Planas, calificando las 50 regiones productivas como «un elemento de distorsión» y señalando que «Bruselas ha insistido en que hay que reducirlo».

Asaja Sevilla rechaza estas manifestaciones públicas y defiende «un modelo que se implementó primando los intereses del sector agrario andaluz y español en 2014, defendido además por el propio Luis Planas cuando ocupaba la Consejería de Agricultura de Andalucía». «No se entiende que lo que le pareciera bueno siendo consejero le parezca malo siendo ahora ministro», declara Antonio Caro, que defiende la regionalización como «un reflejo de la diversidad agrícola y ganadera que hay en España, que representa a más de 25 millones de hectáreas».

Modelo compatible

Así, explica que «es un modelo que está totalmente consolidado, y que es compatible con la propuesta que ha presentado la Comisión Europea para 2021-2027». En este sentido, el técnico de la patronal agraria dice desconocer, como señala Planas, que sea Bruselas quien imponga dicha reducción de regiones. «En los documentos públicos no hay ningún tipo de cortapisas a seguir manteniendo las 50 regiones productivas», asegura Antonio Caro.

Por ello, rehúsa que se califique el modelo actual de complejo: «Ningún agricultor se queja de complejidad. El sistema está totalmente asumido, tanto por los productores como por la Administración, pues más del 90% de los agricultores se mueven sólo entre 1-2 regiones. Por eso, cada año, cuando llega el 15 octubre nadie tiene problemas para cobrar su anticipo de la PAC».

Respecto a los derechos, el titular del Ministerio de Agricultura ha advertido de que una «mayoría» de las comunidades autónomas apuestan por su desaparición, ya que constituyen una «gran dificultad para la incorporación de los jóvenes al sector».

Asaja Sevilla muestra su «total desacuerdo» con esta afirmación, ya que «el cupo de la reserva nacional de derechos precisamente se destina a los agricultores jóvenes. Además, si se eliminan los derechos, esa ayuda iría a la hectárea, es decir, a la tierra en propiedad, lo que sí podría perjudicar a todos esos jóvenes que se incorporan a la actividad mediante el arrendamiento».

En este sentido, el coordinador de los servicios técnicos de la patronal agraria defiende que los derechos «son un estabilizador de superficie del sistema» y rebate que se les considere «derechos históricos», ya que «no lo son», argumenta.

«Ha habido un periodo de convergencia interna mínima del 60% en el periodo 2014-2020, y parece que va a continuar en 2021 y 2022. Esto ha permitido que agricultores de distintas provincias o de distintas comunidades autónomas, con tierras y cultivos de similar potencial agronómico y productivo, reciban similares apoyos de la PAC». Además, aparte de los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas, «hay ya otros muchos sectores que han creado derechos, como los cítricos, por lo que se pueden cobrar en cualquiera de los cultivos».

Actualmente se pueden cobrar derechos «por unos 19 millones de hectáreas a nivel nacional. El resto (unos seis millones de hectáreas) son tierras no productivas. Por tanto, «el mantenimiento de los derechos es una forma de limitar el sistema para que no se concedan ayudas a la superficie que no sea productiva».

Fuente: ABC Agrónoma.

04/08/2020 -

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