A partir del 1 de septiembre de 2025 se prohibirá la entrada de rafia de polipropileno en plantas de tratamiento.
El campo almeriense está preparado para la reforma en la gestión de residuos agrícolas. El gran sector que se ha ido fortaleciendo en la provincia del sureste español desde mediados del siglo XX se esfuerza por dejar atrás sus sombras, en muchos casos injustificadas, sobre su proceder en materia medioambiental.
Un gran mérito del sector en la provincia de Almería es su capacidad para avanzar de forma coordinada con organizaciones agrarias, administraciones públicas e instituciones clave como IFAPA, COEXPHAL, la Universidad de Almería, Cajamar o las plantas de reciclaje como SACh Las Chozas.
Su gerente y ambientólogo, Juan Bartolomé Escobar, transmite ilusión ante la inminente entrada en vigor de la normativa que, a partir del 1 de septiembre de 2025, prohibirá la entrada de rafia de polipropileno en plantas de tratamiento.
Su empresa se ha convertido en un referente en la gestión y valorización de restos vegetales procedentes de cultivos hortícolas bajo invernadero al tratar anualmente 200.000 m³ de residuos orgánicos, transformándolos en compost de alta calidad, y cerca de 1.000 toneladas de residuos inorgánicos.
“Un plástico de cubierta, que se recicla prácticamente al 100% y que permite producir sin fuentes alternativas de energía y con menos agua, es muy sostenible. No hay que demonizar el plástico. ¿Por qué hay que sustituir la rafia? Porque su reciclado no es competitivo”. Para entender las palabras del ambientólogo hay que echar un vistazo atrás en los años.
Un poco de historia
La gestión de restos vegetales en Almería comenzó en los años 90, ante el creciente volumen de residuos agrícolas. El Ayuntamiento de El Ejido implementó el primer Plan de Higiene Rural de la provincia, explorando alternativas como el compostaje. En 2000, la iniciativa se privatizó y nació Giro Medio Ambiente, la primera planta de compostaje de restos vegetales en la zona.
Más tarde, el resto de los municipios del Poniente almeriense crearon el Consorcio VERDIA para gestionar sus residuos, dando lugar a Albaida La Mojonera. Paralelamente, Níjar diseñó su propio plan, con la planta Albaida Níjar. Ambas optaron inicialmente por la valorización energética (incineración), pero por problemas técnicos y económicos, se transformaron en plantas de compostaje en 2010.
En la década que le sucedió surgieron nuevas plantas privadas y a partir de 2020, todas las plantas pasaron a manos de capital local, con algunas participaciones de fondos como el de Mapfre, orientados a la biometanización: transformar residuos orgánicos en biometano para inyección en redes de gas natural o su licuado. Pero este proceso solo es viable sin rafia convencional.
Durante años, las plantas operaron con dificultades por la cantidad de residuos y la complejidad de tratar materiales con rafia plástica y marcada estacionalidad. En 2014, un cambio legislativo obligó a todas las instalaciones a actualizar sus autorizaciones ambientales integradas. El proceso, que culminará entre 2024 y 2025, impone límites estrictos de altura y volumen de pilas, y obliga a retirar cualquier residuo plástico en menos de un año.
Esta nueva normativa fuerza a las plantas de tratamiento a dejar de recibir residuos con rafia plástica a partir del 1 de septiembre. “Seguir admitiéndolos haría inviable cumplir los plazos de tratamiento. Mantener el uso de rafia convencional implicaría reducir la capacidad de tratamiento en un 80% y quintuplicar tarifas, afectando negativamente al agricultor. Por tanto, la única solución viable es migrar hacia rafias biodegradables o biocompostables”, comenta Juan Bartolomé.
La alternativa
Actualmente, existen alternativas en el mercado a precios similares (como algodón) o con sobrecostes compensados por subvenciones del 59%. Estas rafias, utilizadas en cultivos como berenjena, pepino o pimiento, permiten procesos más rápidos y eficientes. El compostaje se acelera al poder triturar en fracciones más pequeñas y utilizar maquinaria específica como volteadoras, y no retroexcavadora como ahora, reduciendo olores y costes, y eliminando la necesidad de separar rafias al final del proceso.
Además, mejora la eficiencia operativa al reducir tiempos de compostaje de 12 a 3-4 meses, permite duplicar el volumen procesado y minimiza residuos finales. El agricultor también se beneficia con un compost de mejor estructura y con menos costes si deja de usar rafia plástica.
Para facilitar la transición, se han hecho campañas informativas por parte de administraciones, cooperativas y empresas gestoras. Grupo SACH ha creado una aplicación (calculadora.gruposach.es) que permite al agricultor comparar costes y beneficios de cada tipo de rafia. Aunque a partir de septiembre la herramienta dejará de tener sentido comparativo, seguirá siendo útil como base de datos técnica, ya que también hace un análisis de la cantidad de rafia que se consume por hectárea en función del tipo de cultivo, patrón de siembra, longitud, distancia entre el suelo y el emparrillado, por ejemplo.
El mensaje ha calado en el sector. Este cambio normativo y operativo, aunque inicialmente complejo, se percibe como una mejora general para el sistema agrícola y de tratamiento de residuos. Se reduce la presión ambiental, se optimiza la gestión, y se ofrece un mejor servicio al agricultor, que tendrá más alternativas y costes más controlados a medio plazo.
Fuente: A en Verde
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