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Fruchthandel

El Congreso aprueba la Ley de la cadena alimentaria

El sector agrario aplaude los avances, pero pide campañas de información y más inspecciones.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de la cadena alimentaria, calificada por el ministro de Agricultura, Luis Planas, como «la ley más importante para el sector agroalimentario». Tras más de una década sobre la mesa, por fin se ha hecho realidad una legislación que busca mejorar las relaciones entre  agricultores, ganaderos, industria y distribución.

Además, Planas ha advertido, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, que habrá sanciones para quien incumpla la ley, que incluye la eliminación de la venta a pérdidas como principal novedad y una de las herramientas más esperadas por el campo.

No obstante, ha reconocido que, aunque es una ley de «obligado cumplimiento», supone «un cambio de cultura» en las relaciones contractuales, por lo que «tardará un tiempo en sentirse realmente el efecto».

Prohibición de venta a pérdidas

De esta forma, la reforma recoge expresamente la prohibición de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, con la obligatoriedad de recibir un peso superior al coste efectivo de producción.

La nueva norma así obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impide la venta final a un precio inferior al precio real de adquisición, extendido a todos los eslabones de la cadena.

Los principales puntos de la ley

Su entrada en vigor está prevista a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), salvo las obligaciones de registro de contratos, que tendrá que esperar al desarrollo reglamentario del mismo por parte del Gobierno, así como las nuevas obligaciones de formalización de contratos para las cooperativas, para las cuales se da un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley.

Entre los cambios introducidos en la Cámara Alta y que el Congreso deberá validar está la obligación de especificar en un contrato cómo resolver posibles diferencias de interpretación o ejecución del contrato, la regulación de las negociaciones comerciales anuales y sus plazos, o los pactos promocionales.

Respecto a esta cuestión, se obliga a los operadores a identificar «claramente» el precio en la información publicitaria, los tiques de compra y la cartelería para impedir cualquier equívoco al consumidor, indicando de forma visible la causa que motiva la promoción.

Además, a través de las enmiendas se ha dado capacidad al Observatorio de la Cadena Alimentaria para elaborar y actualizar periódicamente índices de precios y de costes de producción, o las obligaciones del operador que comercializa marcas propias y ajenas.

De esta forma, tendrá que evitar tratamientos desleales, prácticas contrarias a la libre competencia o actos de competencia desleal y publicidad ilícita.

También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal estarán sometidas al cumplimiento de la ley).

Primeras reacciones

Desde COAG se han mostrado satisfechos de los avances en la Ley de la cadena, pero aseguran que se deben potenciar las inspecciones de oficio por parte de las administraciones frente a las prácticas no permitidas. Además, piden campañas de información y explicación de las nuevas normas, así como acelerar al máximo la puesta en marcha del registro digital de contratos alimentarios.

COAG considera que la ley no va a solucionar todos los problemas del campo, pero ha de servir para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal y para repartir la carga ante situaciones como las actuales de tensión en los precios.

Por su parte, desde UPA la califican como una ley «histórica». «Es un logro histórico de los agricultores y ganaderos de toda España que, con su esfuerzo, sus demandas y sus reivindicaciones durante los últimos años logran así una protección legislativa sin precedentes y que sitúa a España a la vanguardia de la protección del sector productor en Europa», han asegurado.

Fuente: Sevilla.abc.es

03/12/2021 -

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