El Consejo de Gobierno aprobó esta semana un decreto ley en el que se establece apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias especialmente afectados por el Covid-19 mediante estas ayudas que se conceden con carácter extraordinario.
La petición realizada desde Andalucía consistía en la modificación del artículo 18 del Reglamento de la Unión Europea con el fin de mejorar la liquidez del sector agrario andaluz afectado por el Covid-19. De esta manera, se solicitaba que el Programa de Desarrollo Rural (PDR) pudiera establecer excepciones específicas respecto a las pérdidas de ingresos derivadas de desastres naturales o catástrofes cuando éstas sean generalizadas y de especial magnitud.
El pasado 24 de junio Bruselas aprobó definitivamente esta modificación de la que ahora podrán beneficiarse todos los estados de la UE, de manera que, afirmó Crespo, “Andalucía está de enhorabuena porque así se lo han reconocido los miembros de la Unión Europea. Gracias a la fórmula expuesta por Andalucía van a poder tener acceso a esta medida todas las comunidades autónomas y todos los países miembros.”.
Ahora la decisión adoptada se recogerá en el PDR como Medida 21 “Ayuda excepcional a los sectores afectados por la crisis del Covid-19”. En este sentido, la titular de Agricultura ha señalado que “vamos a poner todos los medios necesarios para desarrollar esta medida y vamos a darnos la mayor prisa posible porque con esta pandemia no podemos perder tiempo”.
La ayuda consistirá en el pago a tanto alzado de hasta 50.000 euros por pyme agroalimentaria yhasta 7.000 euros por agricultor o ganadero.
La consejera recordó que la crisis sanitaria ha golpeado duramente a los sectores agroalimentarios, quedando algunos de ellos especialmente dañados de manera que durante el estado de alarma “fuimos conscientes de que había sectores como el de la flor cortada y la planta ornamental, la ganadería extensiva y el sector vitivinícola, que estaban sufriendo de manera muy acuciante las consecuencias de la pandemia”. En el caso del vino, se vio muy perjudicado al coincidir el estado de alarma con los meses de mayor venta, como consecuencia del cierre del canal Horeca y la suspensión de eventos y celebraciones.
Además, también reconoció que este impacto se ve más agravado aún en el caso de las bodegas inscritas en Denominaciones de Origen o Indicaciones Geográficas Protegidas (DOP e IGP), que además de ver reducidos sus ingresos deben asumir los costes adicionales por certificación, elaboración y comercialización de sus vinos.
Fuente: A en Verde.
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