El Consejo de Gobierno ha desestimado el recurso interpuesto contra la sanción de 450.759 euros que se impuso al titular de la finca agrícola Castillo de Tabernas por la extracción de aguas subterráneas sin concesión ni autorización administrativa.
Además de la multa, incluye una indemnización de 1,11 millones por daños y perjuicios al dominio público hidráulico; la imposibilidad de obtener durante tres años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente, y el sellado de los sondeos y la retirada de todos los instrumentos instalados.
En su acuerdo de desestimación, el Ejecutivo andaluz ratifica las razones y los hechos probados que motivaron la resolución del procedimiento sancionador, iniciado en julio de 2016 por los agentes de Medio Ambiente tras constatar la extracción continuada de agua desde cinco años antes, con un volumen total de unos 4,64 millones de metros cúbicos.
Estos hechos se tipifican como infracción muy grave por la Ley de Aguas de Andalucía, con las circunstancias agravantes de actividad lucrativa, intencionalidad e incumplimiento reiterado de la medida cautelar de sellado e inutilización de los sondeos.
La sanción incluyó, además de la multa, una indemnización de 1,11 millones por daños y perjuicios al dominio público hidráulico; la imposibilidad de obtener durante tres años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente, y el sellado de los sondeos y la retirada de todos los instrumentos instalados.
Consulte todo el contenido de Agroprecios totalmente gratis durante una semana.
